El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, emitió este lunes la Directiva No. 003 del 22 de agosto de 2016 en la que pone tildes a puntos que el Ministerio Público ha advertido sobre el Plebiscito por la Paz. 

El ente de control precisó que los servidores públicos no pueden adelantar actividades para respaldar el Acuerdo Final hasta que legalmente, mediante decreto, se determine el día de la realización de las votaciones como lo indica el artículo 34 de la Ley 1757 de 2015.

El jefe del Ministerio Público "recordó lo señalado por la Corte Constitucional en cuanto a que en el plebiscito no se está sometiendo a discusión del electorado el derecho a la paz sino el Acuerdo Final".

Ordóñez llamó a las instituciones públicas encargadas de hacer las campañas de pedagogía sobre el mecanismo del Acuerdo Final, o los Acuerdos Parciales, a ser imparciales y, por tanto, excluir expresiones, mensajes o lemas que tengan alusión “al Sí” o “al No”.

"Las instituciones públicas no pueden realizar acciones orientadas a confundir el derecho a la paz con el “Acuerdo Final”, único objeto del plebiscito, sea durante la etapa previa a la campaña o durante ésta. El Estado no puede inobservar ese derecho”, señaló el procurador.

El Ministerio Público recordó que la Corte no ha prohibido la participación de los servidores públicos en las campañas que se adelanten en el marco del plebiscito, pero sí restringió la intervención de autoridades judiciales, de control, electorales y de seguridad, pues según la Corte se requiere que ellos “(…) conserven estrictamente su imparcialidad, de manera que sirvan de garantes a la acción de los ciudadanos que expresan su opinión en uno u otro sentido dentro de las campañas al plebiscito”.

“La autorización a los servidores públicos de participar en la promoción de las campañas debe interpretarse de manera compatible con los principios que rigen la función pública, en particular la igualdad, la moralidad y la imparcialidad”, indicó el procurador.

Agregó que “las campañas del plebiscito y el uso por estas en igualdad de condiciones a todos los servidores públicos, no podrán coaccionar de modo alguno a los servidores y contratistas para que participen en dichas campañas, expresen su opinión en uno y otro sentido, y encuentren supeditada su permanencia en la función pública o en la ejecución del contrato a dicha participación”.